En México vivimos en un sistema democrático que ya está desgastado y rebasado. A estas alturas a nadie le queda la menor duda de que aquél ya no se ajusta a nuestra actual realidad política y social.

Con ese sistema político los ciudadanos estamos a merced de decisiones y acciones -despilfarro, deuda, corrupción, etc.- de reducidos grupos de personas que día a día afectan gravemente nuestros intereses.

Todos los mexicanos tenemos la obligación de contribuir con nuestros ingresos al desarrollo del país y se determinan responsabilidades para quienes ejercen nuestro dinero, ese que todos los días nos quitan vía impuestos. En la realidad ni todos los ciudadanos cumplen y la inmensa mayoría de las “autoridades” mal gasta lo poco o mucho que recaudan.

Los ciudadanos mediante el voto, dizque libre y secreto, tenemos la potestad de elegir a nuestras autoridades, pero en la realidad esa libertad es aparente porque muchos son cooptados o presionados para sufragar a favor de un determinado candidato.

La normas constitucionales hablan de un sistema de representación por medio de los legisladores, pero desde hace muchos años que en la realidad quienes detentan esos cargos no representan a nadie.

Se establece que la única forma para elegir a quienes han de ser nuestras autoridades ejecutivas y “representantes populares” es por conducto de algún partido político, lo que en términos reales ya está rebasado porque se deja a toda una sociedad con la única posibilidad de tener que elegir por alguien por medio de algún partido.

Existen instituciones públicas y leyes que se supone están para regular y mejorar las relaciones entre los ciudadanos y sus autoridades, pero en la realidad no cumplen con sus objetivos. Por ejemplo, el IFE en las elecciones de 2009 demostró ser un “león sin dientes” que permitió la impunidad ante el despilfarro evidente que en el papel está prohibido. El Ipepac asestó un golpe de muerte al sistema jurídico electoral al dar “carpetazo” a todos los litigios planteados durante la elección de 2010.

La Comisión d Derechos Humanos no ha demostrada en la realidad ser una instancia

efectiva para que los garantías fundamentales de las personas sean respetadas. Existe un organismo de transparencia pero en la realidad seguimos viviendo en la opacidad. Se crea un instituto de combate a la corrupción pero en los hechos nomás no ha servido para nada, la degradación cada vez es más descarada y no pasa nada.

En resumen: No hay libertad para elegir y las autoridades que provienen de los partidos por los cuales hay que votar, usan los recursos públicos para imponerse comprando votos o despilfarrando en publicidad y acarreos. Quienes llegan a los cargos públicos no representan a nadie y toman decisiones que afectan gravemente a los ciudadanos. Las instituciones no cumplen de manera efectiva lo objetivos para los cuales fueron creadas como garantizar la democracia, la transparencia y el castigo a los corruptos.

Las normas y las instituciones existen, el único problema es que no son respetadas o peor aún son utilizadas a conveniencia para fines muy distintos al desarrollo armónico y sustentable de la sociedad. Sólo los ciudadanos podrán cambiar esta realidad, porque a las autoridades y a los políticos les conviene seguir así. La cosa es ¿cómo y cuándo? ¿Acaso somos los judíos de Siglo XXI que nos estamos dejando quemar por una minoría y sin chistar? Mérida, Yucatán.

Fuente: Comunicación Política