Por Luis Paulino Vargas Solís

¿Es factible construir una amplia alianza progresista, a la vez ciudadana y político- partidaria, que constituya una alternativa viable? En principio mi respuesta es sí, y ello con base principalmente en la siguiente tesis (sujeta a debate): porciones importantes del pueblo costarricense mantienen su adhesión a opciones políticas e ideológicas propicias a una alianza de ese tipo. Vale decir, creo que su posicionamiento político-ideológico es progresista, más aún, tiende a situarse en una especie de centro-izquierda, si bien ello admite gradaciones, e incluso contradicciones, de diversa magnitud e importancia. En todo caso, esto nada dice acerca de la capacidad de los liderazgos, a todos los niveles, para conducir el proceso de construcción de esa alianza. Ese es un problema de distinta naturaleza, que aquí no discuto.

Este planteamiento contradice la afirmación –tan conveniente como superficial- que los ideólogos de derechas vienen propalando, la cual niega que el comportamiento político de nuestra pueblo tenga motivaciones ideológicas. Sostengo que una adscripción ideológica sí existe, al menos en sectores significativos, si bien es posible que con alguna frecuencia opere de forma implícita o, incluso, inconsciente. La disputa alrededor del TLC lo ratificó con elocuente claridad: durante cuatro años estuvimos enfrascados en un debate esencialmente ideológico, en el cual se confrontaban dos visiones y dos proyectos de país, así como las respectivas prioridades y valores. Los elementos técnicos que alimentaron el debate tuvieron un carácter accesorio y complementario. Se evidenció entonces que, no obstante la vigencia de poderosos instrumentos de control ideológico, una porción importante del pueblo costarricense es capaz de organizarse y movilizarse en una lucha política saturada de contenidos ideológicos.

Este es un asunto descuidado por la investigación sociológica y política. Por su parte las encuestas –ni siquiera las que realizan las universidades públicas- generalmente no intentan desentrañar las opciones ideológicas subyacentes, presentes a nivel popular. Propongo una suerte de test tratando de formarnos una idea, al menos aproximada, de cuáles podrían ser esas preferencias ideológicas.

¿Qué se considera preferible: el agua como derecho humano de alcance universal o el agua como mercancía sujeta a criterios de peculio?

¿Qué se prefiere: el control soberano sobre los mares, la biodiversidad y, en general, los recursos naturales o su privatización y aprovechamiento según fines mercantiles?

¿Querría el pueblo de Costa Rica la privatización de la Caja del Seguro Social y del sistema educativo? ¿O preferiría una acción política clara y decidida que fortalezca los sistemas públicos de salud y educación, de forma que se logre un mejoramiento sustancial y visible de la calidad, cobertura y oportunidad de sus servicios?

¿Dónde deberían estar –a juicio de nuestro pueblo- las prioridades de las políticas en materia de fomento de la inversión privada: a favor del capital extranjero o a favor del capital nacional; a favor de las grandes empresas del capital nacional o a favor de las micro, pequeñas y medianas empresas nacionales así como de las empresas de la economía social?

¿Está el pueblo de Costa Rica satisfecho con las formas dominantes que ha asumido el crecimiento turístico, hegemonizado por grandes hoteles pertenecientes a cadenas transnacionales y usualmente sustentado en un elevado costo ambiental? ¿No se preferirían formas de desarrollo turístico que distribuyan la propiedad y los ingresos de formas equitativa, que garanticen la protección de la naturaleza y que no excluyan a la población costarricense del disfrute de nuestras bellezas naturales?

¿Considerará nuestra gente que la importación de alimentos es una alternativa aceptable o, en su lugar, preferiría que nos garanticemos un margen apropiado de soberanía y seguridad alimentaria, mediante el apoyo y fomento a la producción agropecuaria autóctona?

¿Aceptaría una reforma tributaria que, de forma efectiva, haga que cada quien contribuya según sus posibilidades y la cual además penalice actividades económicas y formas de consumo que resulten social y ambientalmente dañinas?

¿Está nuestra gente satisfecha con un régimen de concesión-privatización de obra pública (oneroso, corrupto e ineficiente, dicho sea de paso) o querría que el Estado asuma de nuevo –con los debidos controles democráticos- el proceso de ejecución y gestión de la inversión pública?

¿Estará nuestra gente satisfecha con un sistema de manejo de la información controlado por algunas pocas corporaciones mediáticas, o querría que se democratización y pluralice la información?

¿Querría nuestro pueblo que los onerosos mecanismos del marketing político que se ponen en funcionamiento en las campañas electorales, sean sustituidos por un proceso corto y ahorrativo, donde se discutan ideas y propuestas y en el cual todos los partidos y candidatos y candidatas dispongan de similares recursos e igual acceso a los medios de comunicación?

Este listado podría ampliarse, como igualmente los diversos ítems podría ser profundizado de diversas formas. Presumo (especulación de mi parte) que obtendríamos una importante proporción de respuestas –quizá mayoritaria- favorable a las opciones progresistas y opuestas a las de inspiración neoliberal. No es descabellado pensar que, en general, los partidos neoliberales así lo han entendido y justo por ello sus campañas electorales se basan en una agenda mercadotécnicamente concebida, la cual asume tintes que se fingen progresistas. Entretanto mantienen oculta y silenciada su agenda real: la de la liberalización, apertura, privatización y desregulación. Muy probablemente ese ha sido el caso con Laura Chinchilla. A los libertarios, por su parte, se les ha dificultado ocultar su radicalizada agenda neoliberal, y tan solo en esta última campaña lo hicieron con mayor afán y alguna fortuna. De ahí, en parte, su relativo avance electoral.

Al respecto creo que debe diferenciarse entre el partido-aparato –básicamente funcional a los intereses oligárquicos- y el electorado, sobre todo cuando una parte importante de éste no se adscribe a ningún partido en lo particular, y oscila entre uno y otro según las ofertas publicitarias –incluyendo al candidato o candidata- que en cada ocasión se le venden. A estos efectos, el PLN es el mejor y más exitoso ejemplo: su ejecutoria concreta en el gobierno y la Asamblea Legislativa es básicamente neoliberal, pero aún conserva –facilitado por la ineptitud política de sus opositores- capacidad discursiva y publicitaria para tocar las fibras progresistas presentes en la conciencia política popular. Superponer la retórica y el marketing sobre el desempeño político concreto, es posiblemente lo que hace que Enrique Gomáriz Moraga afirme que el PLN debería ser parte obligatoria dentro de cualquier posible alianza progresista. Ello es simplemente impensable.

Los ítems que seleccioné corresponden, en su mayoría, a lo que he designado en escritos previos como una agenda patriótica, de defensa y recuperación del patrimonio natural e institucional. De seguro, esa agenda constituiría el núcleo fundamental de cualquier posible alianza. Aparecen también elementos vinculados con la agenda ambientalista, la republicana (renovación de la institucionalidad democrática) y a la de transformación económica. Estas otras agendas –algo más polémicas- posiblemente tendrían que articularse alrededor de la agenda patriótica, complementándola y reforzándola.

No incluí un solo ítem de lo que he llamado la agenda de cambio socio-cultural, porque, me parece, es ahí donde el posicionamiento ideológico de nuestro pueblo se vuelve más problemático. Pero eso es tema para reflexiones posteriores.

Fuente: Nuestro País